Dicen que ningún proceso burocrático es fácil. El caso de esta solicitud de transparencia puede ser un ejemplo perfecto. Aunque su resultado positivo hace olvidarlo.

El 20 de diciembre del 2018 un ciudadano interpuso un amparo en el Consejo para la Transparencia en contra de la Municipalidad de Providencia. Esto tras una solicitud de transparencia realizada el 23 de noviembre y que buscaba tener acceso a la nómina de inspectores y guardias del municipio «que está destinado a combatir el comercio ambulante en la vía pública». Esta fue denegada por la oposición de los funcionarios consultados.

El Consejo para la Transparencia dictaminó el 23 de mayo del 2019 que la postura de la Municipalidad no se ajustaba a la normativa y que debía entregar la información al reclamante.

«Que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales (…) la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general sobre los intereses particulares».

Así entonces, el Consejo dictaminó la entrega de la información, tarchando los datos privados de las personas que pudieran estar contenidos en la documentación, «tales como cédula de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, número de hijos, enfermedades y otras similares», dice el fallo.

La Municipalidad de Providencia no quedó conforme y el tema llegó a su último nivel en el proceso: la Corte de Apelaciones de Santiago. Organismo que ayer ratificó al Consejo para la Transparencia, ordenando con ello a la municipalidad de Providencia a entregar el nombre y curriculum de inspectores y guardias que ejercen acciones de control de este tipo de actividad en la vía pública.

De hecho, este tipo de información, resume el fallo del Poder Judicial, debe estar «actualizada y accesible para las personas una nómina con detalles del personal que trabaja para el organismo».

Recuerden que el “principio de divisibilidad” es esencial en la Ley y nos permite tener acceso a documentación, manteniendo en reserva datos personales y sensibles contenidos en los antecedentes solicitados.

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